Tras la petición de la Oficina Federal de Investigaciones (FBI) que pretendía que las proveedoras de servicios de Internet conserven durante dos años los datos de las comunicaciones electrónicas, un tribunal de apelaciones de Estados Unidos apoyó la autoridad del Gobierno para obligar a los ISP de banda ancha a dar acceso a las autoridades pertinentes para funciones de vigilancia.
"La decisión asegurará que la tecnología no impida las capacidades de los organismos de aplicación de la ley de proporcionar la seguridad y garantía de nuestra nación", dijo en un comunicado en el que mostró su satisfacción el Departamento de Justicia. La resolución se produce en un momento en que los críticos han manifestado su preocupación por los programas de vigilancia del Gobierno de Bush que dicen pueden violar las libertades civiles.
El Gobierno argumenta que necesita el programa, que permite a la Agencia Nacional de Seguridad hacer un seguimiento de las llamadas telefónicas internacionales de ciudadanos de Estados Unidos, como parte de su guerra contra el terrorismo.
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